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Jóvenes marchan tras alargar la legalización del aborto seguro

El no legalizar esta acción ocasiona que acudan a un método clandestino lo que provoca un problema de salud pública dejando casi 50,000 ingresos hospitalarios al año

por LaVerdad

El senador argentino Rodolfo Urtubey, del peronista Partido Justicialista, generó este miércoles polémica en las redes sociales, al afirmar, durante la sesión en la que se debate la ley del aborto, que hay casos de violación en los que "no se puede hablar de violencia", pero tampoco de "consentimiento".

Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer", dijo el legislador en su intervención en la cámara alta.

A su juicio, "a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador", como por ejemplo en el abuso intrafamiliar, en la que consideró que "no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación o sujeción"

Julia Bozzallia, integrante de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), asegura que "hay una contraposición entre un Senado postrado ante el clero y una juventud que tiene muy claro que tiene que tomar las calles para conquistar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos".

Nosotras ya ganamos. Hoy no se vota aborto sí, aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Cada nueva muerta por aborto clandestino será responsabilidad de los senadores que hoy voten en contra de la legalización", subrayaba Lucía Sánchez, estudiante de secundaria.

El proyecto de interrupción del embarazo votado en el Senado es muy similar a la ley de los países más desarrollados: libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y unos plazos superiores si hay riesgo para la madre o el feto o el embarazo es consecuencia de una violación.

Para intentar salvar la ley, sus partidarios en el Senado aceptaron modificaciones al proyecto original y presentaron uno nuevo que reducía de 14 a 12 semanas el plazo para abortar e incluía la objeción institucional, pero no lograron suficiente consenso para aprobar los cambios. Este miércoles intentaban lograr, al menos, apoyos suficientes para la despenalización.

Los cuatro meses de debate público previos a la votación han logrado que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un tema tabú para aflorar como un crudo problema de salud pública: cada año casi 50,000 mujeres tienen que ser hospitalizadas en Argentina por complicaciones derivadas de abortos.

En 2016, último año con cifras oficiales, 43 mujeres fallecieron por esta causa. La última, Liliana Herrera, murió hace menos de una semana. Con 22 años y madre de dos hijos, perdió la vida por una infección generalizada tras someterse a un aborto clandestino. Una mujer de 35 años y madre de cinco hijos pelea por su vida tras otra intervención similar en un hospital de Mendoza, al oeste de Buenos Aires.

La Conferencia Episcopal argentina cambió su tono moderado inicial por un llamamiento explícito a la movilización contra el aborto del que se hicieron eco los fieles católicos, más numerosos que hace dos meses.

"Dicen que no tiene vida, dicen que no tiene voz, aquí estamos los que luchamos por las dos vidas hoy", cantaban los opositores a la ley, arropados por imágenes religiosas, un feto gigante de cartón, pañuelos celestes y banderas argentinas. En el bando celeste predominaban las familias y había casi paridad entre hombres y mujeres.

Desde el oficialismo presentaron proyectos alternativos a la legalización del aborto. El más polémico fue el del titular provisional del Senado, Federico Pinedo, que contempla que las embarazadas que no deseen ser madres entren en un programa estatal que cubra todos sus gastos hasta que den a luz y entreguen al recién nacido en adopción.

La propuesta fue comparada con El cuento de la criada, la distopía de Margaret Atwood donde las mujeres fértiles son obligadas a concebir hijos para otras mujeres.

En América Latina, sólo tres países reconocen el derecho de la mujer a decidir la interrupción de un embarazo no deseado en las primeras semanas de gestación: Cuba, Guyana y Uruguay.

Las legislaciones restrictivas no impiden los abortos sino que fuerzan a las mujeres a hacerlo en la clandestinidad, en condiciones que varían mucho según su perfil socioeconómico.

Mientras las embarazadas de clases altas y medias encuentran modos seguros de realizarse un aborto, las gestantes con menores recursos recurren a menudo a métodos peligrosos, como sondas y agujas de tejer.

Es una realidad que se mantiene desde hace décadas, como ya advertía el prestigioso doctor René Favaloro 20 años atrás: "Los ricos defienden el aborto ilegal para mantener el secreto. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto.

Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar".

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